Se da una discusión en España sobre el tamaño del gasto en pensiones con relación al déficit fiscal. Por legislación europea, el déficit fiscal debe estar dentro de ciertos límites, y un organismo autónomo (Airef) se encarga de hacer mediciones, incluyendo proyecciones.
Si el efecto proyectado llega a cierto umbral (por ejemplo, 13.3%), se deben activar medidas correctivas (por ejemplo, suspender los incrementos). Resulta que el cálculo es efectuado por la autoridad financiera del Estado, por la Comisión Europea y por la propia Seguridad Social. La Comisión Europea ha estimado históricamente mayores déficits, y recientemente el presupuesto aprobó el examen de Airef por una décima de punto porcentual. La Seguridad Social acaba de publicar un nuevo modelo que pretende dar estimaciones más consistentes (Airef tiene un convenio con la Seguridad Social para intercambiar datos).
Hasta donde veo, ningún país de América Latina está haciendo esto. España lo tiene por sus compromisos con Europa. El problema no es sencillo porque debe integrarse la información de todos los programas que inciden sobre el gasto público. Algunos agentes políticos no están interesados en que se evalúen los programas que patrocinan, y las autoridades hacendarias no están interesadas en evaluaciones independientes del déficit.
