La decisión del gobierno de Colombia de forzar a los fondos de pensiones a invertir sólo en proyectos en territorio nacional es un ejemplo de inconsistencia temporal en la regulación. Busca favorecer los intereses del Estado sobre los trabajadores, pues el objetivo es obtener financiamiento de bajo costo para proyectos públicos.
Ningún político va a negar que el objetivo del sistema de pensiones sea proveer la mejor pensión posible a los trabajadores, pero al limitar las posibilidades de inversión es imposible que los rendimientos se eleven.
La política tendrá grandes costos, pero el gobierno no los internaliza porque se dan sobre las pensiones a largo plazo, y a cambio tendrá acceso a los fondos. En este caso en particular, la política no tiene mucho sentido, pues la idea de que los fondos "financien inversiones en el país", lleva al siguiente escenario: al forzar la repatriación de capitales de nacionales en el extranjero se dará una revaluación de la moneda colombiana, encarecimiento de las exportaciones y disminución de los flujos de entrada de capital. El gobierno también puede interés en ganar poder sobre las decisiones de inversión, pues al forzar cierto tipo de inversiones mediante regulación virtualmente podrá decidir quién puede invertir en qué. El caso de Argentina no es igual porque ahí se dio nacionalización y no solo regulación, pero en la práctica puede no ser muy diferente el poder que ganará el Estado.
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